Observo y pienso, luego escribo.

Sorprendente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de denunciar penalmente por injuria a las columnistas de la revista Semana y el diario El Espectador, María Jimena Duzán y Cecilia Orozco, por sus apreciaciones en sus respectivas columnas a propósito de la decisión de cambiar al magistrado auxiliar Iván Velásquez, principal encargado de investigar los nexos de políticos colombianos con grupos armados ilegales de autodefensa.

No se hicieron esperar reacciones de varios medios de comunicación nacionales y extranjeros, organismos defensores de prensa e instituciones sociales del país que manifestaron su rechazo ante la postura de la Corte, rama del poder público tan discutida por sus controversiales decisiones que tanto a nivel político como judicial, han causado polémica en el país

Con este nuevo capítulo en la historia reciente, se reabre el pulso entre los organismos del estado y la libertad de expresión, pregonada en el artículo 20 de la constitución nacional, la cual, en su texto reza: … (Hablando de los derechos de  libertad de expresión) “… Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

¿Puede hablarse de censura manifiesta en el caso de las dos columnistas? ¿Podría considerarse un desafío expreso a la opinión divergente? ¿Tiene razón la sala penal de la Corte, en virtud de sus argumentos, formular cargos contra las comunicadoras?

Partidarios y contradictores de las “acusadas” han surgido desde todas las tribunas. De las dinámicas redes sociales a las más renombradas voces del país en sus sitiales, han tomado partido en este dilema sobre si se debe o no restringir la libertad de expresión.

Lo expresado en las columnas, refleja la visión que se tiene sobre una realidad palpable en el sistema judicial colombiano. Y algunos medios, (no todos) en función de su responsabilidad con la sociedad y consigo mismos, han revelado verdades ocultas tras las magistraturas y los estrados, verdades que han cambiado el rumbo de procesos importantes para la nación por la gravedad de sus implicaciones.

Así como en el pasado, la mordaza de la ilegalidad a favor del crimen organizado, silenció voces que se levantaron a favor de la verdad y la justicia, ahora parece que hemos entrado a la elegante formalidad jurídica para acallar voces discrepantes como en aquellas sociedades incivilizadas o dictatoriales que hacen prevalecer sus intereses particulares por sobre los beneficios colectivos.

Más allá de las ideologías religiosas, las doctrinas políticas o las percepciones particulares, es preciso alzar la voz ante circunstancias como éstas, donde solamente por exponer perspectivas opuestas frente a una realidad nacional, se impongan estigmas y medidas represivas a la libre opinión cuando por épocas pasadas en situaciones similares, el silencio cómplice ha primado en detrimento de las víctimas, perdedoras de siempre, durante tantas décadas de violencia y desolación.

Parafraseando las palabras de la politóloga Claudia López al referirse a su inesperada salida del diario el Tiempo, es sorprendente ver que el epicentro de la justicia en Colombia no resista un debate sobre sus conflictos de intereses. Las decisiones de la Honorable Corte Suprema de Justicia, contradicen su espíritu e impresionan porque ahora, por medio de intimidaciones jurídicas, intenta llevar hasta límites extremos a quienes opinen en desacuerdo con alguno de sus postulados.

Ojalá episodios como éste, sólo queden en la memoria de nuestro pueblo como una huella más en el proceso histórico vivido al umbral del nuevo milenio que con sus vientos de cambio, destierre esa insana costumbre que tenemos de utilizar la constante y continua confrontación como la única forma de perpetuarnos en el tiempo.